A pesar de que la morosidad en los pagos empresariales se ha convertido en una de las amenazas más serias para la economía española, la solución a esta lacra no se cuenta entre las prioridades del Gobierno.
Este, y el PSOE, han quedado en evidencia recientemente al ser los únicos en no sumarse a la propuesta unánime de todos los grupos parlamentarios para reformar la Ley contra la morosidad y fijar como ineludible el tope máximo de 60 días en los pagos entre empresas, y 30 días si el deudor es el sector público.
Fuente: Expansion.com
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lunes, 1 de marzo de 2010
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