Es una decisión histórica. El sector público tendría que reducir los plazos de pago de sus facturas hasta situarse en un plazo máximo de 30 días a partir de 2013. Y las empresas harían lo propio hasta llegar a los 60 días. Estos son los dos grandes titulares que nos deja el nuevo Proyecto de Ley Contra la Morosidad.
Fuente:gestoresderiesgo.com
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