La ley contra la morosidad pone en jaque a la administración sanitaria

La Ley de Morosidad, que acaba de recibir luz verde en el Congreso, establece de forma taxativa la obligatoriedad de que las administraciones públicas abonen en un máximo de 30 días las facturas a sus contratistas. Un plazo que no cumplen ahora, ni de lejos, las Consejerías en el pago a proveedores. A falta de conocer las cifras del primer trimestre del año, las estadísticas que arroja todo 2009 son estremecedoras: la Sanidad española paga sus facturas a fabricantes de productos y tecnología con un retraso medio de 269 días, 239 días más que lo que marca la nueva ley.

Fuente: Larazon.es
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