No hay peor moroso que la administración pública. Los plazos de las instituciones para pagar a sus proveedores pueden estirarse como el chicle sin que nadie les fuerce a realizar el desembolso, y sus bienes son, por su propia naturaleza pública, inembargables para el valiente acreedor que se atreva a embarcarse en un juicio. Por si fuera poco, y según comentan en el sector de la abogacía, ninguna firma proveedora se atreve a buscarle las cosquillas a una institución llevándola ante la Justicia por aquello de si no le vuelven a dar más contratos.
Fuente: laopiniondemalaga.es
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jueves, 22 de abril de 2010
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