El sector público sigue aferrándose a su título tácito de campeón de la dilación en el pago de facturas, pese a que el Gobierno dio su visto bueno a la modificación de la norma y el PSOE votó –a regañadientes, eso sí– a favor del texto.
Sólo han pasado 65 días desde que la ley se publicara en el Boletín Oficial del Estado, el 6 de julio, pero el sector público ya ha comunicado a empresas de servicios que no satisfará sus deudas en el plazo máximo de 55 días que marca la ley para 2010 (a partir de 2013, 30 días), según han denunciado las compañías que contratan con la Administración a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
Fuente: expnasión.com
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